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VÍA LIBRE
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"El gasto de la totalidad de los ingresos petroleros nos dejaría vulnerables a un revés económico."
El miércoles la Asamblea expidió la Ley que dispone nuevas reglas para la utilización de los fondos petroleros del Estado, asunto que en los últimos años ha ganado particular importancia.
Luego del colapso del año 1999 causado por el derrumbe del precio del petróleo y que arrastró a la banca, el presidente Noboa permitió la inversión privada en la construcción de un nuevo oleoducto, lo que resultó en un aumento de la producción en 130 mil barriles.
Posteriormente el gobierno de Palacio declaró caducado el contrato de Occidental y dispuso que el Estado participe en los nuevos ingresos petroleros de la operación en las compañías privadas causados por el aumento del precio del crudo. El actual gobierno determinó que esta participación sea de 99 por ciento.
Entre tanto, se dio una gran recuperación del precio del petróleo, lo que suele suceder luego de prolongados períodos de precios deprimidos. Del abismo de USD 7 por barril en diciembre de 1998, se recuperó para promediar USD 20 en 2001-2002, USD 30 en 2004, USD 40 en 2005, USD 50 en 2006, USD 60 en 2007, y al momento se encuentra en USD 88.
Con la dolarización y aumento de la producción, las autoridades, escaldadas por las consecuencias de la imprudencia con que se había manejado la renta petrolera, impulsaron legislación que dispuso que los ingresos petroleros vayan a fondos cuya utilización estaba rigurosamente normada. Necesariamente buena parte de ese dinero tenía que conservarse para atender las necesidades cuando exista un shock económico, por ejemplo, caída del precio del petróleo, terremoto, o fenómeno de El Niño. Cuando se posesionó el Ec. Correa, habían USD 1 300 millones acumulados.
El gobierno de todos los poderes no comparte la tesis de mantener un fondo para emergencias, ya que piensa que, en caso de crisis económica lo que hay que hacer es incurrir en moratoria de la deuda. Ha pugnado por que se le de vía libre para la utilización de fondos petroleros; lo consiguió.
Los fondos, anteriormente en cuentas especiales, hoy se integran al presupuesto del Estado. Su única limitante es que vayan a la inversión, no al gasto. Pero no es mayor obstáculo, ya que la definición de inversión que esgrime el gobierno es bastante amplia.
El que los ingresos petroleros se usen o no prudentemente, dependerá exclusivamente de la disposición del gobierno de turno, sin mayores restricciones legales.
Lo mismo se aplica para la contratación de deuda pública: incluso se elimina el papel del Banco Central. Por ello, el presidente de la Asamblea pidió que se conforme una veeduría ciudadana, que haga seguimiento a lo que se haga con la deuda.
Con una moneda (dólar) depreciada, y fuertes ingresos petroleros, hubiese sido de esperar que el gobierno permita que la inversión privada lidere el crecimiento de la economía; que más bien el Estado se reserve para entrar con fuerza cuando el ciclo de negocios privado entre en onda baja. Pero el gobierno vía sus declaraciones ha deprimido la inversión privada, y busca hacer crecer la economía con la inversión pública.
Esto nos deja vulnerables para cuando caiga el precio del petróleo, lo cual inevitablemente sucederá tarde o temprano.
