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PAQUETAZO
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"Incluso dentro de su propia lógica, el paquetazo no parece particularmente bien concebido."
Hace quince días el Presidente anunció un paquetazo de incentivos al sector agrícola con un costo para el Estado de USD 300 millones, y cuyo objetivo es aumentar la producción y bajar los precios.
Es la política heterodoxa del gobierno: conseguir bajar los precios mediante el aumento en el gasto público. Desde la ortodoxia, se diría que a mayor gasto, más subirán los precios.
Incluso dentro de su propia lógica, el paquetazo no parece particularmente bien concebido. Si lo que se ha anunciado es un ejemplo de la política económica que vamos a ver durante el régimen de Alianza País, hay razones para preocuparse.
El proyecto de mandato constituyente enviado por el Presidente consiste en exonerar a los agricultores del impuesto a la renta si reinvierten utilidades. Pero sólo si las utilidades no han sido generadas “con ingresos por transacciones con precios superiores a los del mercado”.
Por definición en el mercado se venden los productos a precio de mercado. El que exige un precio alto sólo puede vender en el momento en que todos los que tienen un precio más bajo, ya han vendido. Y en ese momento su precio es el de mercado.
Además, ¿cómo podrá una empresa definir qué parte de sus utilidades está o no causada por precios superiores a los de mercado? La empresa que se acoja a la disposición invita a que el SRI le hurgue sus cuentas.
Otras medidas anunciadas no constan en el mandato.
Se le entregará a los productores un subsidio del 5 por ciento del costo de sus insumos, hasta USD 240. Puede ser atractivo para productores muy pequeños. Pero para acceder a este beneficio el agricultor debe entrar en la red del SRI. Significa hacer declaraciones mensuales de retención del IVA, declaración de impuesto a la renta, pago de anticipos, contar con servicios de alguien con conocimientos contables. Todo esto por USD 240?
A las compañías de agroquímicos se las exonera del impuesto a la renta, de manera condicionada; si hacia fines del año “vemos que no ha bajado el precio del agroquímico, tendrán que pagar impuesto a la renta”.
Las empresas agroquímicas ganan poquísimo por unidad vendida. El negocio es el volumen. Es absurdo que absorban un alza en precios con el objetivo de beneficiarse de una reducción en el impuesto a la renta.
El motivo del mayor precio del arroz (para hablar del producto que dio pauta a las nuevas medidas) en el mercado nacional es que el precio internacional ha subido extraordinariamente en el último año. El agricultor va a vender su arroz al precio que pueda vender. No le va a pasar al comprador el beneficio del subsidio.
La medida efectiva para bajar el precio del arroz es la prohibición de exportar. Pero eso estimulará el contrabando, ya que la diferencia con el precio en Colombia y Perú es enorme.
¿Para qué deprimir el precio del arroz?
Si hay más pobreza en el campo que en la ciudad, ¿por qué hacer que el agricultor subsidie al urbano?
¿Qué mejor que los agricultores de la cuenca baja del Guayas dejen de ser un problema social y pasen a ser productores modestamente prósperos, en capacidad de generar excedentes de arroz que el país pueda exportar?
