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AMBICIOSO PLAN
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"No debe esperarse que este gobierno deje al próximo todo el beneficio de las decisiones petroleras".
El ministro Diego Borja reveló un ambicioso plan para invertir USD 900 millones de la nueva renta petrolera en programas de infraestructura económica, bienestar social, y crédito a la producción.
El plan ha recibido varias críticas, entre ellas que un gobierno saliente no puede pretender ejecutar un tan cuantioso gasto público en sus últimos seis meses, peor aún cuando le deja a su sucesor pasivos potenciales por las cuestionadas decisiones petroleras. Se argumenta que lo mejor sería que el dinero se guarde, que el país no esté descubierto si se declara inconstitucional la reforma petrolera, o un tribunal arbitral sentencia la indemnización de Occidental.
No sería realista esperar que el gobierno tome decisiones tan audaces como las que tomó, sólo para dejar que el gobierno sucesor usufructúe los ingresos. Y la pelea para que los fondos petroleros se conserven, un fondo de inversión como el chileno, se perdió a principios del gobierno Palacio. No hay apoyo en el país para una política de austeridad.
Otra crítica es que el plan no tiene ninguna posibilidad de cumplirse, debido a la poca eficacia del Estado para ejecutar inversiones. Ciertamente, difícilmente se invertirá lo previsto en el plan.
Pero eso es secundario. Si hay el dinero, y no es posible conservarlo bajo cuatro llaves para que sirva como fondo de estabilización, mejor que se lo destine a proyectos de inversión que están en carpeta desde hace más de una década, y que no se lo termine dilapidando en gasto corriente.
Hace más de diez años, a partir de la Ley de Modernización, se buscó cambiar el modelo: la inversión privada pasaría a primer plano, y la estatal restringida a actividades no atractivas al empresario.
Si bien el Estado dejó de invertir, no se crearon las condiciones para que el capital privado tome la posta. Los sectores energético y de telefonía fija, entre otros, se han descapitalizado. Este fenómeno no se dio sólo en el Ecuador, sino también en gran parte de América Latina.
El grueso de la inversión propuesta por el ministro Borja va a la refinería, plantas hidroeléctricas, infraestructura para la distribución de gas. Es lo apropiado, quizás con la salvedad de la infraestructura de gas, ya que habían propuestas de empresas privadas para ejecutarlo a su cuenta y riesgo.
Se asignan fondos para que la banca pública extienda financiamiento de inversión. Lo cual se ha tornado necesario, ya que la banca privada no considera prudente extender crédito de largo plazo, siendo sus captaciones a menos de un año.
En la medida en que el gobierno no logre invertir y gastar esos USD 900 millones, habrá un superávit fiscal. Lo no gastado este año, debería aplicarse a la reducción del endeudamiento. Y de esa manera, reducir el riesgo de un futuro desequilibrio fiscal.
El próximo gobierno recibiría concursos de precios y licitaciones en marcha, de tal manera que las obras públicas y de inversión petrolera que no se contraten en este gobierno, lo serán a los inicios del próximo.
