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DOMINGO Y ELENA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"¿Por qué quieren provincializarse Santo Domingo y la Península? No puede ser por falta de fondos."
En días pasados, alcancé la parte final de una entrevista de televisión en la que un político de la Sierra Central sostenía que era injusto que Tungurahua, con la mitad de la población rural del Guayas, tuviera una participación muy inferior de los fondos repartidos por la Ley del 15 por ciento.
No coincido: población total y extensión deben ser los criterios principales para la asignación de rentas provinciales.
Pero no deja de ser cierto que Pichincha y Guayas reciben montos muy importantes debido a la población de Quito y Guayaquil, respectivamente; como las prefecturas hacen poca labor en las ciudades, queda más dinero per capita para las zonas rurales de Guayas y Pichincha, que para aquellas de otras provincias.
Entonces, ¿por qué Santo Domingo y la Península de Santa Elena quieren ser provincias?
En otra entrevista, escuché decir a un alcalde peninsular que querían representación en el Congreso. Para un alcalde de un cantón apartado, debe sentirse como promoción llegar a Quito como congresista (aunque los últimos acontecimientos podrían haber incidido en un cambio de percepción).
Ésta es una razón de peso: la elección por lista resta representación a la población periférica.
Pero la solución a este problema no es la provincialización: es la elección por distritos, lo que reconoce este gobierno; y si realmente hubiese sido su prioridad esta reforma, hubiera podido llamar a una consulta popular, esa sí, sin requerir pronunciamiento del Congreso, porque ya estaba roto el candado, al haberla planteado Gustavo Noboa.
Se requeriría otra medida complementaria: distritos así mismo provinciales. Para el caso de Guayas y Pichincha, sería necesario un estatuto especial para impedir que Quito o Guayaquil dominen el consejo provincial: quizá que ningún cantón pueda elegir más que la tercera parte de los consejeros, independientemente de su población.
Deberíamos añadir una dosis de transparencia: que las administraciones socialcristiana en Guayas y socialdemócrata en Pichincha, presenten un informe de cómo se han empleado los fondos del 15 por ciento, desde su incepción, desglosado en gastos generales y obras por cantón, lo que nos permitiría conocer si los cantones tienen razón al decir que han sido postergados.
De igual manera los cantones tendrían que reportar cuánto dinero han recibido, y cómo lo emplearon, para que la ciudadanía tenga claro si hubo postergación, o si el problema es que los dineros recibidos por las alcaldías, fueron mal empleados. Porque de ser malas las administraciones cantonales, la provincialización sería una fuente más de frustración.
Yendo más al meollo del problema, está el centralismo.
En nuestro sistema político administrativo, las decisiones se las radica al nivel más alto posible, cuando la democracia requiere que más bien desciendan al nivel más bajo en que se las pueda manejar con eficiencia. El centralismo causa que todo recinto aspire a parroquia, toda parroquia a cantón, todo cantón a provincia.
Y como revela Jaime Nebot, algunos, en ciertas provincias, a república independiente.
