En el Análisis
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INSTITUCIONES Y FINANZAS
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"No conviene al país desinstitucionalizar el control monetario y bancario, y entregarlo al Ejecutivo."
¿Se justifica fusionar la Superintendencia de Bancos con el Banco Central?
Puede sostenerse que no, porque la Superintendencia tiene que ver con supervisión de los bancos; por ejemplo, si son solventes, y precautelar el dinero del público. El Central tiene que ver con política monetaria, como la liquidez de la economía (encaje bancario, colocación o compra de bonos), que son acciones claramente diferenciadas.
Pero también puede sostenerse lo contrario: que al no haber política cambiaria, ya no se requiere una institución tan grande como el Central. Que podría por ejemplo existir un solo directorio (fusión de Junta Bancaria y Directorio del BCE), al cual respondería un ejecutivo responsable de la supervisión a los bancos (un sucesor del Superintendente) y otro para política monetaria (como el actual gerente del Banco Central).
Hay una asamblea constituyente ad-portas, y éste es un tema que merecerá gran atención de los especialistas de derecho público y bancario, y de los asambleístas versados en el tema. En ese contexto, es inadmisible que meses antes de la instauración de la asamblea, el gobierno presente un proyecto de Ley, ostensiblemente dirigido a controlar los cobros de la banca por sus servicios, pero que pretende reformar disposiciones constitucionales sobre las atribuciones del BCE y la Superintendencia.
La propuesta es inmediatista. Justo cuando estamos entrando a un proceso de la más profunda reforma institucional, se busca reformas en función de objetivos políticos del momento, y no de necesidades de reforma estructural.
La elección de los directores del Banco Central y Superintendente de Bancos se produce mediante mecanismos que dificultan que un gobierno pueda nombrar, sin colaboración del legislativo, a la autoridad monetaria (directorio del BCE), y bancaria (Superintendente). Y además, dispone que dichos funcionarios no sean de libre remoción, poniendo distancia con el Ejecutivo.
Hoy, como debe ser, el Presidente no controla ninguna de las dos autoridades. Pero sí controla la mayoría de la Junta Bancaria, ya que asistió a la sesión de la Junta Bancaria (a la cual no se convocó al Gerente del BCE) que debió designar al quinto integrante, y con su presencia logra que el Superintendente no objete el candidato propuesto por los dos integrantes de la Junta nombrados por el Ejecutivo. Ahora busca radicar en esa junta bancaria las atribuciones que la Constitución confiere al BCE y al Superintendente de Bancos.
En cuanto a las propuestas para el control de las tasas de interés y las comisiones de los bancos, parecen por lo general sensatas; el problema no es el control, que es indispensable, sino quién lo ejerce. El control debe ser institucional, y no personal. Es inconveniente para el país desinstitucionalizar el control monetario y bancario, y entregarle esas atribuciones al Ejecutivo.
Son los países con instituciones fuertes, los que se desarrollan. La historia nos trae sinnúmero de casos de sociedades que buscan resolver sus problemas arrasando instituciones, y concentrando el poder en manos de un líder. Los resultados son invariablemente nefastos.
