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REGALOS DE CAMPAÑA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
"Si el gobierno importa harina y la vende subsidiada causa incertidumbre entre las industrias."
En estas elecciones los candidatos están prohibidos de hacer regalos. Álvaro Noboa, que produce el 22% de la harina del país, no podrá regalar harina. Pero el Presidente de la República sí lo podrá hacer, ya que sus actos no se contabilizan como gastos de campaña.
Como estamos en elecciones, el Presidente quiere que no suba el precio del pan, y se plantea subsidiar la harina. Acusa a los productores de excesivas ganancias y Noboa de subir el precio para financiar su campaña.
La harina ha subido como consecuencia del alto precio internacional del trigo, del que importamos 500 mil toneladas anuales. La bonanza latinoamericana se debe al alza del precio de las materias primas: el Ecuador y Venezuela con el petróleo, Chile con el cobre, Argentina con la soya.
Hoy existe un mercado transparente en materia de trigo. No siempre fue así. Por mucho tiempo la intervención estatal distorsionó el mercado nacional, en perjuicio de los consumidores.
Hasta el año 2000 se establecían cuotas de cuánto trigo se podía importar, y cuánto le correspondía a cada empresa molinera. Tampoco era posible importar harina.
Con ese sistema, los molinos no tenían ninguna motivación para disputarle el mercado a la competencia.
Cuando existe un sistema en que las únicas barreras a la importación son por un lado las de calidad (para que no se importe un producto de inferior calidad, que confunda al consumidor) y un arancel moderado, el mercado funciona. Porque si los molineros se concertasen para elevar el precio, las industrias grandes consumidoras de harina, como por ejemplo, Sumesa o Nestlé, y las grandes comercializadoras, como Supermaxi o Mi Comisariato, importarían directamente.
Si se considera que una dispersión del cero por ciento para el trigo a 20 por ciento para harina es excesivo, como era el caso hasta la semana pasada, cabe bajar el arancel para la harina al 15 ó 10 por ciento.
En su defecto, puede fijarse un arancel plano, digamos 10 por ciento, tanto para la harina como para el trigo, y de esa manera proteger a la industria harinera nacional únicamente en su componente de valor agregado. A su vez, se protegería a la producción de trigo, que se extinguió por los bajos precios. Aunque el resultado sería un precio al consumidor ligeramente alto.
Esta alternativa convendría si se estima que el precio del trigo se va a mantener elevado por un tiempo indefinido. En cuyo caso deberá concederse asistencia técnica y financiera a las comunidades con tierras de vocación triguera.
Eliminar, como ha hecho ahora, el arancel para la harina al cero por ciento, favorece la importación de harina, aunque se venda al mismo precio que la nacional. A medida que la harina importada gane mercado, las empresas molineras tendrán que reducirse, despidiendo empleados, caerán sus utilidades y su pago de impuestos. Es una política anti-industrial.
Si además, este gobierno importa harina de Argentina, y la vende subsidiada, distorsiona el mercado y causa incertidumbre entre las industrias harineras, y por extensión, entre todos los que producen bienes básicos sean alimenticios, para la construcción, o de otra índole. Malas nuevas para la inversión.
