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ARQUITECTURA FINANCIERA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Pedro Páez, Ministro Coordinador de Política Económica, señala como norte de su gestión articular la relación de los sectores financiero y productivo. Asevera que en los últimos 25 años, en que primó la apertura, se desarticularon las políticas económicas. “Antes, el sector productivo estaba al servicio del financiero; ahora será todo lo contrario”, sentenció el miércoles en disertación que me tocó comentar.
La articulación que se busca crear se plasma en una nueva arquitectura financiera cuyos objetivos son:
- Que el uso del dinero del sector público pueda coordinarse centralizadamente, para vía política fiscal manejar la liquidez, ya que la dolarización no permite hacerlo vía emisión o destrucción monetaria;
- Que la bonanza fiscal, debido a la coordinación de lo fiscal con la banca estatal, se canalice en crédito a la microempresa, a la que el sistema financiero formal no toma en cuenta;
- Favorecer que los capitales ecuatorianos públicos y privados se reinviertan en el país, y no se depositen en el sistema financiero internacional;
- Dinamizar el mercado de valores, lo que requerirá cambios legales que probablemente se mandarán a la comisión legislativa de la Asamblea.
Parte de esto último será la creación del banco del afiliado, que incidirá en la mejor utilización de los fondos de jubilación. Hoy el IESS, por una parte, mantiene $1.200 millones en el Banco Central ganando sólo 2% anual, y por otra, invierte $10 millones en certificados de depósitos de una pequeña mutualista, Benalcázar, con deficientes indicadores.
Comparado al tono prevaleciente en los pronunciamientos públicos, críticos del capital privado, Páez fue positivo y habló de la necesidad que las economías popular y capitalista arrimen el hombro y trabajen conjuntamente para sacar al país adelante. Que el objetivo de la nueva arquitectura financiera es reducir la incertidumbre; que los agentes económicos que tienen capitales afuera, según el gobierno unos $16 mil millones incluyendo los fondos públicos, opten por traer su dinero al país. Que lo hagan tan sólo en una pequeña parte tendría un impacto muy grande en el bienestar nacional.
Estimo que gozaría de inmenso apoyo la tesis que el Estado utilice su bonanza petrolera para mejorar los servicios sociales y fortalecer la actividad económica del sector social, mientras que otorgue certezas sobre la propiedad y los procedimientos, y dicte reglas atractivas para que las empresas de capital puedan expandirse y prosperar.
El punto neurálgico es cómo van a hacer las autoridades para crear ese clima de certidumbre.
El propuesto fondo de liquidez para el sector financiero ciertamente va a otorgar mayores seguridades que el sector financiero estará blindado frente a un shock; pero que lo administre el Estado permite un manejo politizado, y no genera confianza;
Que la política laboral y salarial se fijen sin considerar su efecto sobre la competitividad tampoco torna al país en atractivo para la inversión.
Más allá de políticas específicas, la permanente deslegitimación del capital y los empresarios en el discurso oficial abonan a la incertidumbre que se quiere disipar.
