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INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
El país está en peligro de sufrir una escasez de harina y de alimentos balanceados para los pollos. Es irónico que se deba a una ley que busca garantizar la seguridad alimentaria.
No es el primer ni el único caso en que los poderes del Estado muestran una incapacidad de aprobar leyes idóneas para los nobles fines que se proponen.
La ley en cuestión, publicada en el Registro Oficial del 27 de abril, propone, entre sus objetivos de seguridad alimentaria, “prohibir el uso de alimentos que contengan organismos genéticamente modificados o productos derivados de organismos genéticamente modificados... mientras no se demuestre mediante estudios técnicos y científicos su inocuidad”, estudios que “serán realizados por el Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarios [sic] o el Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal, de acuerdo al origen de los productos”.
Hay un movimiento que se originó en Europa, y que se ha extendido a otras latitudes, entre esas el Ecuador, que considera que los productos genéticamente modificados conllevan un peligro para la salud; que se trata de una tecnología nueva que podría tener consecuencias en el largo plazo, que aún no han sido detectadas, porque aún no han sido consumidos durante suficiente tiempo. Hasta allí, comprensible la preocupación de los co-legisladores.
El problema radica en que los grandes países exportadores de trigo, soya y otros granos, los EE.UU., Argentina, Canadá, entre otros, a lo cuales el Ecuador recurre para importar estos productos, de los que es deficitario, lo que tienen son productos genéticamente modificados. Esto es, lo que debemos importar, no está disponible.
La prohibición de importar productos genéticamente modificados significa que el Ecuador no puede encontrar un abastecedor que cumpla con los requisitos de la Ley, y por lo tanto al momento las existencias de harina para hacer pan, fideos y otros, y de torta de soya para alimentar a los pollos, se están reduciendo drásticamente, y dentro de poco comenzará a sentirse escasez.
No hay motivo para preocuparse, pensarán algunos, ya que sin duda estarán en marcha estudios que prueben, como manda la ley, que estos productos son inocuos.
Lamentablemente el Ecuador no es un país donde haya investigación agropecuaria. No hay laboratorios en capacidad de poder comprobar que en efecto el producto a importarse es inocuo para la salud.
Y lo que es peor, los dos institutos encargados de realizar las investigaciones, solo existen en la imaginación de los congresistas, quizá ya entonces distraídos por su inmersión total en el Mundial. Por “Instituto Ecuatoriano de Investigaciones Agropecuarios” suponemos se refieren al Iniap, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. Por “Servicio Ecuatoriano de Sanidad Animal”, suponemos se refieren al SESA, Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria.
El que ni los funcionarios del gobierno, ni los diputados de la Comisión Económica ni siquiera sepan los nombres de las instituciones a quienes se encomiendan tareas tan importantes, da una idea de la falta de seriedad con la que se legisla.
Hagamos votos porque las autoridades extraigan la extremidad del fangoso terreno en que la introdujeron, y no provoquen una escasez absolutamente innecesaria, con su ley de inseguridad alimentaria.
