ALTO COSTO SOCIAL DE LA POLÍTICA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
El Alcalde de la ciudad ha denunciado que el Procurador regional he echado abajo, con informes negativos, tres obras de regeneración urbana y dos contratos, éstos para:
- Adquirir casi 4.000 pistolas para la Policía, por el cual, informa el Alcalde, se consiguió un precio la mitad del referencial, cumpliéndose con el requerimiento de la Policía que no sean armas latinoamericanas. La Procuraduría objeta esa exclusión;
- Vender un terreno a la Junta de Beneficencia. Explicó el Alcalde que el Municipio compró un terreno para ubicar la terminal provisional, mientras se reconstruía la monumental obra recientemente inaugurada. Esa terminal provisional ya no cumple función alguna. Como según encuestas a usuarios de la terminal terrestre, un alto porcentaje viene para atender problemas de salud, la Junta desea adquirir el terreno para construir un hospital que atienda a la población de otros cantones del Guayas y provincias vecinas, que buscan la atención superior que brindan los hospitales de la Junta. La Procuraduría objeta que se pacte la venta para enero, y no un día específico.
Adicionalmente, el burgomaestre ha impugnado decisiones del poder central que le restan competencias:
- En la transición del gobierno anterior al actual, se le quitó a la Alcaldía el derecho a emitir licencias ambientales sobre obras municipales;
- Hace poco el gobierno reclamó la competencia de normar el acceso del transporte interprovincial a la terminal terrestre.
Ni en el uno ni otro ámbito, ha pretendido el poder central mermar las competencias del Municipio de Quito.
También denunció el Alcalde un proyecto de Ley que obliga a las corporaciones y fundaciones que cuentan con fondos públicos a someterse a las engorrosas y obsoletas disposiciones de la Ley de Contratación Pública, Loafyc.
La existencia de las fundaciones municipales es justamente agilitar la contratación, que se traduce en que las obras se hagan rápidamente y a menor costo, ya que los controles de la Loafyc son sobre procedimientos, y no valores.
Por algo el Gobierno Central exime a la administración del bloque 15 (ex-OXY) de someterse a la Loafyc.
Tuvo razón el Presidente de la República en sentenciar que “tal vez lo más duro de vencer es la burocracia que no tiene el sentido de la urgencia” (entrevista en El Comercio, enero 10). La Loafyc es el mayor monumento al tortuguismo institucionalizado.
La hipótesis que mejor concatena todos estos elementos es que hay la voluntad del Gobierno de obstaculizar la eficiencia del Municipio de Guayaquil con miras a afectar la imagen del Alcalde. Tanto porque lo ven como la principal figura política nacional que no gira en la órbita de Alianza País, como para mejorar las opciones del futuro candidato oficialista en las elecciones para Alcalde del último trimestre. El objetivo se logra atrasando el inicio de obras unos cuantos meses.
El afectado no es el blanco de ataques, sino la ciudadanía de Guayaquil, y en el caso del hospital, de zonas circundantes, a quienes se busca atender con las obras obstruidas.
La estrategia anti-Nebot incurre en un alto costo social.
Externalidades, dirían los economistas.
