ARANCELES, FASE II
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Está en proceso de debate la fase II de la reforma arancelaria.
Hace 45 días, el Presidente oficializó la decisión del Comexi de reducir e incluso eliminar aranceles para un elevado número de bienes de capital e insumos para la producción.
La medida tuvo un importante costo fiscal, pero el gobierno, correctamente, decidió fijar los aranceles en función de las necesidades productivas y no fiscales.
Gobiernos anteriores habían optado por gravar la producción, sacrificando competitividad para lograr un equilibrio fiscal.
El origen de esa insensata política fue el Arancel Externo Común, con el propósito de proteger a la producción venezolana y colombiana de insumos y bienes de capital. Ecuador logró muy poco a cambio de esa concesión; nuestra balanza comercial con esos países pasó a sufrir de desequilibrio crónico. Hoy el AEC se encuentra suspendido y difícilmente se retomará.
La reducción del arancel también anuncia el retorno a una política industrial. A mediados del siglo pasado el país mantuvo una política de sustitución de importaciones, mediante la cual gravaba los productos terminados y favorecía la importación de materias primas para su producción interna. Sólo la abandonó en mayo del 1982, con la caída en el precio del petróleo y la crisis fiscal y externa resultante.
Hoy, el petróleo ha subido, dándose las condiciones favorables para que el gobierno, que desea retomar la política industrial, lo haga.
Pero hoy hay dificultades que no existían en los setenta. Somos miembros de la OMC, que restringe las trabas al comercio. Además del Acuerdo de Cartagena, el Ecuador ha firmado una serie de compromisos con otros países, sobre todo de América Latina, para la desgravación bilateral del comercio. Por lo tanto el aumento en los aranceles que está por adoptarse, no afectará a las compras ni de los andinos, Mercosur o Chile, en circunstancias que la principal competencia para buena parte de nuestra industria, sobre todo la alimenticia, viene de esos países.
El aumento arancelario permitirá proteger primordialmente a las industrias textil y de calzado de las importaciones de bajo costo proveniente de Asia. Pero los precios declarados para los productos chinos son tan bajos, que parecería que ni siquiera el máximo arancel permitido por la OMC, bastaría para protegerlos.
Más controvertido es que el arancel se eleva para productos que el Ecuador no produce, y por lo tanto, no tiene qué proteger. El caso más notable es el de los celulares, que el país importa en $138 millones anuales. El objetivo es que al encarecerse, los usuarios nos demoremos más en cambiarlos. Pero existe la sospecha que el principal motivo es fiscal: generar ingresos para compensar los que se perdieron con la reducción del arancel en la primera fase.
En todo caso, está vigente el primer elemento de la nueva política industrial: la agresiva política comercial. Las próximas semanas y meses veremos importantes decisiones del gobierno, y probablemente reformas legales, a través de la Asamblea, para poner fin al período de apertura que duró 25 años, y retomar con herramientas nuevas y más precisas, el camino interrumpido en 1982.
