CAMBIOS EN LO ELÉCTRICO
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Se vienen cambios importantes en el marco legal para el funcionamiento de las empresas eléctricas. El actual esquema de precios marginales no ha dado los resultados apetecidos.
Se esperaba que con el sistema vigente, en que la tarifa que pagan las distribuidoras eléctricas corresponde al precio del último generador eléctrico en despachar energía, iba a atraer importante inversión privada. Los inversionistas iban a echar números, y si su proyecto de generación arrojaba costos inferiores al del suministrador existente más caro, estaban asegurados de un buen rendimiento.
Este esquema fue recomendado por el Banco Mundial; el primer país en adoptarlo fue Argentina, para el que funcionó; entre los otros países que lo adoptaron después están Ecuador y Ucrania.
Pero la inversión no vino. En gran medida, porque la utilidad que se lograba resultó ser de papel: las distribuidoras que reciben la energía eléctrica, invariablemente estatales, en muchos casos incurren en altísimas pérdidas, por lo que no pagan a los proveedores; una de las peores la Categ. Y el Estado no programa el subsidio para cubrir lo que no pagan sus empresas.
Adicionalmente, al adoptarse el esquema de mercado, el Estado abandonó la política proactiva en lo eléctrico. El Instituto de Electrificación, Inecel, fue reemplazado por una entidad reguladora (Conelec) y una administradora del mercado (Cenace). El Estado tampoco invirtió.
El resultado ha sido un mercado desequilibrado, con tarifas en alza permanente; que el Estado haya debido comprar electricidad cara de Colombia, y más cara aún de Perú.
Caso clásico de mercado imperfecto, diría Rafael Correa.
Los cambios que introduciría el gobierno serán a nivel de ley. La Asamblea no tendrá espacio para cambiar la normativa constitucional.
Dada la enorme necesidad de inversiones, el Estado no podrá prescindir de la inversión privada, y por lo tanto es de esperar que el bloque oficialista en la Asamblea no proponga la prohibición de la inversión privada en la generación y distribución eléctrica.
De hecho, el gobierno, a instancias del Ministro de Energía, ha presentado un proyecto de ley que viabilizaría los contratos de exploración y explotación de gas, con miras a sacar a licitación bloques potencialmente gasíferos en el Golfo de Guayaquil y la Península de Santa Elena. Ojalá se apruebe.
Para más adelante es de esperar una nueva Ley de Electrificación que tenga entre los objetivos:
- Volver a crear un organismo que elabore un plan nacional eléctrico, planifique las inversiones estatales, y que promueva los grandes proyectos hidroeléctricos;
- Que se abandone el sistema de mercado eléctrico, y se lo reemplace con el modelo de comprador único, o de oligopsonio, mediante el cual el Estado compraría toda la generación eléctrica que necesita el país a un precio de contrato, y vendería la electricidad a las distribuidoras, al precio promedio de compra. Esta tarifa debería ser menor al promedio ponderado que hoy pagan las distribuidoras.
El nuevo esquema resuelve problemas, pero crea otros. Si el Estado es ineficiente, estaremos peor.
Pero en todo caso, la actual situación es insostenible.
