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INVERSIÓN ELÉCTRICA
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Agosto es mes de lluvias en las cuencas de los ríos que se precipitan sobre la Cordillera Oriental, y por lo tanto llenan las presas Amaluza y Agoyán, para la consiguiente producción hidroeléctrica. Sin embargo, hemos estado a punto de tener apagones. ¡Qué nos espera para cuando el estiaje llegue a su punto más álgido, el próximo noviembre!
¿Los motivos para esta crítica situación? Se suman varios factores:
- Atentados terroristas de las FARC interrumpieron el flujo de energía eléctrica de Colombia: dependemos de energía importada cuando el Ecuador tiene posibilidades de generar su propia energía, a un costo más bajo;
- Varias de las centrales térmicas que nos salvan la campana en la época de estiaje y caída de producción hidroeléctrica, están en mantenimiento. Muchas de ellas hace rato debieron haber salido de servicio, por lo obsoletas.
- El escaso caudal de agua en el Paute, una fracción de lo normal en la estación. En parte, se debe a que estamos en la parte baja de un ciclo lluvioso; pero también a una hidrología cada vez más seca.
- La erupción del Tungurahua obligó parar a Agoyán.
¿Por qué tan escasa la inversión eléctrica? Asimismo, conjugación de varios factores:
- Como consecuencia de la crisis económica de 1982-1983, se inició una etapa de populismo eléctrico, en que el Estado obligó a las compañías distribuidoras a vender electricidad a un precio inferior al costo. Esto culminó con que la única compañía privada de distribución, Emelec, quiebre, y las otras, pertenecientes a los gobiernos seccionales, pasen a manos del gobierno central; desmoralizadas ante la imposibilidad de funcionar como empresas, colapsaron y terminaron causando enormes pérdidas para el Estado, su propietario;
- Hace catorce años, con Sixto, entramos formalmente en una etapa de modernización del Estado. En lo eléctrico, se desmanteló el ente estatal, Inecel, y debió haberse privatizado sus activos concesionando la administración de las empresas eléctricas. Pero esto último no se dio, y por tanto no hubo inversión ni pública ni privada, causando el enorme déficit de generación.
Para superar esta situación, hay dos proyectos complementarios que se están tratando en el Congreso.
El uno, en etapa de veto parcial, permitirá al Estado asumir el subsidio eléctrico, lo que les permitía a las distribuidoras funcionar como tales; que le administración de éstas pase a manos profesionales; y que el Estado pueda garantizar el pago a las generadoras de la electricidad entregada a las distribuidoras públicas; esto último, aparentemente el Congreso no acogió.
El otro, de urgencia económica, destina los ingresos del Estado generados por la caducidad de Occidental, a la inversión en proyectos hidroeléctricos.
Ambas leyes, vistas de manera conjunta, pueden ser un paso firme hacia la solución de la crisis eléctrica que vive el país.
Otros pasos, igualmente necesarios, son que el Estado le pague a Machala Power la energía entregada, para que de esta manera invierta en la producción de gas y en la instalación de 200 megavatios; y que el Comité Especial de Licitaciones deje de oponerse a la exploración privada de yacimientos de gas en la Península de Santa Elena.
