LA VERIFICACIÓN DE IMPORTACIONES
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
El Presidente de la República envió un proyecto de reforma a la Ley de Aduanas; el Congreso en parte la acogió, en parte la reformó, y luego el Presidente vetó parcialmente aquellas reformas introducidas por el Congreso, que no son de su agrado.
Tanto en la ley vigente, como en las reformas; el Congreso se entromete en aspectos administrativos que deben quedar a discreción del Ejecutivo; y el Ejecutivo, no lo rectifica con el veto.
El meollo del asunto es la verificación. El Ecuador mantiene contratos con compañías internacionales para que verifiquen tanto en puerto de origen, como de destino, si lo que se envía es lo mismo que se declara; y si el precio declarado coincide con el precio normal del distribuidor. Lo primero, para evitar el contrabando, lo segundo, la subfacturación.
Pero la Ley aún vigente dispone que el país debe contratar el servicio de verificación. ¿Por qué el Congreso opina de cuál debe ser el mecanismo de control aduanero?
La ley sólo debería determinar quién es el responsable del control del comercio exterior, normar si el Ejecutivo está facultado para delegar en todo el control aduanero, concesionándolo, o en parte, mediante la verificación; pero una vez que esas atribuciones legales están definidas, es el Ejecutivo, el que debe definir con qué herramientas piensa cumplir con su mandato.
Debe ser el derecho del Ejecutivo contratar un servicio o prescindir del mismo. Por añadidura, al ser contadas las compañías verificadoras internacionales de prestigio, con la obligación legal se coarta la capacidad de negociación por parte del Estado.
El gobierno procedió bien en plantear que esa obligatoriedad se omita. Pero el Congreso ahora dispone poner fin a la verificación, y de manera inmediata.
Doble equivocación conceptual. En primer lugar, no es posible cambiar sistemas de control en algo tan delicado como la Aduana, de la noche a la mañana.
Más de fondo: ¿Y si el próximo gobierno hace una evaluación del desempeño en Aduanas mientras existía la verificación, con la situación después del abandono de la misma, y llega a la conclusión que la verificación funcionó mejor? Habrá nuevamente que reformar la ley para permitir la verificación.
El propósito no debe ser cambiar las leyes cada vez que se cambia de gobierno.
Pero el Ejecutivo no corrige este error. Con el veto parcial, lo que plantea es un plazo de 90 días para poner fin a la verificación, con lo que alivia el problema de la transición. Como al Presidente no le gusta que el Estado delegue funciones, concuerda con la prohibición de la verificación. Por lo que el día que la revolución ciudadana no esté en el poder, probablemente tendrá que cambiarse de nuevo la Ley de Aduanas.
El Congreso también dispone que el Ejecutivo recurra a maquinaria de rayos-X para controlar la mercadería. Es el gobierno quien debe decidir qué herramientas utiliza.
El Ejecutivo no corrige otro problema; que se busca por ley ponerle fin prematuro a los contratos vigentes con verificadoras. Este apresuramiento pudiese derivar en nuevo arbitraje internacional contra el Ecuador.
