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LEY O RENEGOCIACIÓN
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
El Congreso tramitó el proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, que comenté en marzo 20. El Presidente de la República lo firmará o vetará parcialmente, restaurando el 50%-50% de su propuesta del reparto del excedente petrolero.
El proyecto fue preparado por el Ministerio de Economía. O bien Economía se apresuró, frustrando una renegociación, o actuó ante la inoperancia de las autoridades energéticas, proponiendo una solución para incrementar los ingresos fiscales.
El Congreso mejoró el proyecto. Lo hizo mucho más concreto. Eliminó la disposición que todo contrato deberá reformarse automáticamente a favor del Estado para equipararse a contratos en mejores condiciones que se firmen posteriormente. Desechó el considerando que abandonaba la doctrina que los contratos son leyes para las partes. Se cita respetuosamente el artículo de la Constitución que prohíbe que los contratos firmados por los inversionistas sean modificados por leyes.
Si en efecto esta Ley se enmarca dentro de lo permitido por las convenciones internacionales ratificadas por el Ecuador y los convenios bilaterales para protección de inversiones extranjeras, como sostienen sus auspiciantes, entonces se ha acertado con una solución rápida para capturar un porcentaje mayor de la renta petrolera extraordinaria.
Pero de no ser así, y al cabo de dos o tres años, agotado el proceso de arbitrajes y apelaciones, el Ecuador tiene que dar marcha atrás, reajustarse a un nivel de ingresos inferior al que ya se había acostumbrado, y resarcir a las empresas, entonces lo que pensamos fue una solución rápida, no habría sido solución alguna, y se habría perdido la oportunidad de captar los mayores ingresos.
Lamentablemente, para muchos lo patriótico es buscar una solución sin recapacitar en las consecuencias, y se mira con suspicacia el análisis de las alternativas.
La negociación era mejor.
Cuando se licita para contratos de participación, las compañías ofertan sobre una fórmula para calcular el porcentaje de participación del Estado en función del volumen de producción y de la calidad del petróleo. Hay que reformar la fórmula, añadiendo un tercer factor: el precio del petróleo. Por negligencia o imprevisión no se lo hizo anteriormente.
Las autoridades deben preparar proyectos de reformas a cada contrato de participación, en base a la nueva fórmula, y haciendo corridas de cómo afectaría a cada empresa. Entonces llamarlas a renegociar, únicamente sobre los valores propuestos para llenar la fórmula. Trabajando día y noche, preparar la propuesta no debe tomar tiempo, y la negociación sería sencilla.
Para dar algo a cambio, se prepararían también proyectos de nuevos contratos para cuando los actuales expiren, y anexarlos a los contratos actuales. No prórrogas, porque cuando expiren los contratos, las empresas perderán los derechos al crudo que descubrieron, sino nuevos contratos en los cuales al Estado le corresponde toda la producción actual de crudo (curva base) y se pacta el reparto de la producción resultante de nuevas inversiones.
Con eso, las empresas se asegurarían la continuidad de sus operaciones.
El problema es que ahora tenemos una ley. Cómo armonizar una renegociación con el reparto determinado por ley, es un rompecabezas que en estos momentos no se me ocurre cómo se podría resolver.
