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Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
En su cadena radial, el Presidente anunció la reactivación de los silos de la Enac. No el retorno a la práctica de tener un deficiente y corrupto mamotreto estatal, sino invertir para reactivarlos y pasar su administración a las cooperativas.
Se entrega a las cooperativas instalaciones que les van a permitir agregar valor a su producto. Podrán vender el grano cuando el precio sea adecuado, ganando más, pero no a expensas de los consumidores, sino de los acaparadores.
Es un buen paso para aliviar la pobreza de sectores campesinos. Se lo puede justificar tanto desde el punto de vista del socialismo del siglo XXI (la propiedad, o al menos la administración, en manos de sectores populares), como de la economía de mercado.
El proyecto es más complicado de lo que parece a primera vista, porque hay que radicar en las cooperativas una capacidad de gestión empresarial. Además, una cultura de trabajo en función de intereses comunitarios y no personales, algo menos difundido en la Costa que en la Sierra.
Va a ser necesaria la proactividad del gobierno en la capacitación y organización, así como conceder crédito. Que el agricultor comprenda que el servicio de almacenamiento tiene que cobrarse; que es indispensable que la empresa tenga una rentabilidad que cubra sus costos y le permita reinvertir.
También se anunció la asignación de $4 millones del Cereps para el proyecto de riego Píllaro, y otro tanto para canales en el proyecto Jubones. Éstos son proyectos que por su pequeño monto, no hacen noticia ni suelen captar la atención de los gobernantes. Pero que tienen una rentabilidad social, por dólar invertido, superior a los macroproyectos que suelen ser preferidos.
Por estos días el Comexi eliminó o redujo sustancialmente los aranceles para los bienes de capital e insumos no producidos en el país para las manufacturas, agricultura, construcción y transporte. Desde 1994, para cumplir con los compromisos de la Comunidad Andina, el Ecuador mantuvo una estructura arancelaria que no se compaginaba con su realidad productiva. Ahora, se le ha puesto fin.
Con esto la producción ecuatoriana gana competitividad, los bienes de elaboración nacional bajan de precio, pueden competir mejor con los importados, con lo que crece la industria y la creación de empleo.
Hay un costo fiscal: lo que se cobraba por derechos arancelarios, $95 millones. Pero los aranceles deben fijarse de acuerdo a necesidades de producción y comercio y no fiscales, algo que algunos ministros de Economía de gobiernos anteriores no comprendieron.
Estas acciones dejan en evidencia que este gobierno tiene buenas ideas y una visión coherente. Si se dedicara a hacer menos política y más a gobernar; menos a impulsar variantes inexploradas de utopías de ideólogos del siglo XIX, y más a atender los problemas de hoy, el país aprovecharía, en lugar de desperdiciar, el buen momento por el que pasa el petróleo; la inversión, en lugar de espantarse, se radicaría en el país con entusiasmo; las exportaciones privadas, en lugar de estancarse, crecerían. La prolongación de la estabilidad incorporaría más ecuatorianos a la clase media.
