NUESTRA LUZ
Por WALTER SPURRIER BAQUERIZO
Guayaquil necesita recuperar la excelente calidad de servicio eléctrico que tuvo hasta los ochenta. A raíz de la crisis de 1983 el Estado obligó a las empresas distribuidoras a asumir el subsidio eléctrico. Como las distribuidoras no pudieron pagar, en aquellas propiedad de municipios y consejos provinciales, el gobierno central capitalizó las acreencias, y pasó a ser el principal accionista.
Emelec, la privada, incurrió en pérdidas que la obligaron a incumplir el pago de la energía que recibía de las centrales eléctricas del Estado. Fue vendida al grupo Aspiazu; la debacle se consumó con la caída del Banco del Progreso en 1999. De entonces a acá, no hay empresa eléctrica: es sólo una administración temporal puesta por el Estado, de la operación que fuera de la desaparecida Emelec.
La empresa carece de contratos de suministro de energía eléctrica a tarifas preferenciales, como tienen otras; las deudas montan, el robo crece, no hay inversión. El sistema de distribución urbana puede colapsar en cualquier momento.
La solución sensata es primero contratar a alguien que administre los activos de la ex-Emelec (oficinas, redes), por cuenta del Estado; que el Estado suministre los fondos para invertir, y transcurrido un plazo prudencial, en que la empresa gane viabilidad, se concesione la operación.
Luego de varios falsos arranques esto es lo que se dispone mediante el Decreto 1691, dictado por el Ejecutivo con motivo del onomástico de Guayaquil.
En 120 días, para el 25 de noviembre, tiene que estar contratada la administradora, a ser escogida de una lista corta preparada por la CAF o quien ésta designe. La CAF designó a la Olade. La inscripción era hasta el jueves 31. El directorio de la CATEG, presidido por Guido Chiriboga, debe tener ya en sus manos la lista de las administradoras y en ochenta días contratar a una de ellas.
La ciudadanía debe estar alerta, porque el proceso es débil: los potenciales ganadores, muchos por desorganizados; los perdedores, pocos pero poderosos.
Entre los perdedores están: políticos de turno que medran del negocio; los empresarios “amigos” con contratos leoninos; ladrones de energía; los pipones que han ingresado bajo la administración estatal, inflando enormemente el personal; y los trabajadores de la ex-Emelec que han conseguido de administraciones complacientes ventajas económicas dignas de su nuevo estatus de burócratas dorados.
Los ganadores seríamos los usuarios.
Los que medran del servicio buscan boicotearlo. Por ejemplo, nunca se hizo público que los interesados debían contactar a la OLADE.
Los que obstaculizan claman que la nueva administradora pague las cuentas pendientes de Emelec, si ésta es neta deudora y no acreedora del Estado, así como las de la administración estatal.
La nueva administración deberá poder contratar a los buenos trabajadores eléctricos, bajo condiciones de mercado. A todos los eléctricos, logren o no empleo con la nueva administradora, les deberán reconocer sus derechos adquiridos: por cuenta de la venta de activos de la ex-Emelec por el pasivo que a ella corresponde, y por el Estado, por los beneficios recientes.
Éste es el único proceso para recuperar el buen servicio eléctrico, sin que nos metan la mano al bolsillo a los usuarios.
